Se analiza el trabajo de la LXII Legislatura del Estado de México respecto a la armonización del marco normativo estatal con la reforma del artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. A partir de una investigación cualitativa de carácter documental se examinan los antecedentes del trabajo legislativo y el marco normativo vigente en la materia, contrastando los ocho ejes que estructuran la reforma federal con la labor realizada. Se identifica que la Legislatura mexiquense ha presentado iniciativas en seis de los ochos ejes, y se concluye que problemas estructurales y la ausencia de mecanismos de consulta efectiva limitan el impacto de la reforma. Se plantea la necesidad de una reforma integral que reconozca a los pueblos originarios como sujetos de derecho y garantice sus derechos, articulándose transversalmente en materia de justicia, participación, cultura, educación, lengua, medicina tradicional, redes de comunicación y defensa de grupos vulnerables.
